El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), comúnmente conocido como plusvalía municipal.

Hasta el momento, el Alto Tribunal declaraba nulo el impuesto cuando la transmisión del inmueble se hacía con pérdidas para el contribuyente, o cuando el importe a pagar era superior a la ganancia real. Esto es, si el importe a ingresar por el impuesto de plusvalía era inferior al beneficio, el contribuyente tenía la obligación de pagar.

Con esta sentencia de 9 diciembre de 2020 (STS 1689/2020), el Tribunal Supremo ha declarado nula la liquidación de este impuesto cuando la cuota a pagar por el contribuyente coincide con la riqueza gravable, considerando que tiene afán meramente confiscatorio.

«Consideramos fuera de toda duda que la concreta aplicación de un tributo que suponga que el contribuyente tenga que destinar a su pago la totalidad o la mayor parte de la riqueza real o potencial que tal tributo pone de manifiesto tendrá carácter confiscatorio en la medida en que supone – claramente- una carga excesiva, exagerada y, desde luego, no proporcional a aquella capacidad económica que, en definitiva, justifica la existencia misma de la figura tributaria correspondiente».

En su resolución, el Alto Tribunal ha venido a aplicar la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2019, que contiene una llamada al legislador. Tal como indicaba esta sentencia:

«Solo al legislador le es dado, entonces, regular esa contribución y la forma de adecuarla a la capacidad económica de cada cual, dado que a fecha de hoy han trascurrido más de dos años desde la publicación de la STC 59/2017 de 11 de mayo, el «BOE» núm. 142, de 15 de junio), sin que haya acomodado el impuesto a las exigencias constitucionales. Es importante subrayar que el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) exige no solo la claridad y certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable, sino también la legítima confianza y la previsibilidad en sus efectos, entendida como la expectativa razonablemente fundada del ciudadano de cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho (STC 135/2018 de 13 de diciembre, FJ)».

Así, el Tribunal Supremo concluye que:

«A falta de la «acomodación del impuesto a las exigencias constitucionales», nuestro pronunciamiento solo puede limitarse a fijar doctrina sobre el supuesto analizado y, con arreglo a dicha doctrina, resolver el recurso de casación y las pretensiones ejercitadas por las partes. Y vamos a hacerlo en los siguientes términos: Resulta contraria a Derecho -por implicar un claro alcance confiscatorio– una liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que, aplicando los artículos correspondientes de la Ley de Haciendas Locales, establezca una cuota impositiva que coincida con el incremento de valor puesto de manifiesto como consecuencia de la transmisión del terreno, esto es, que absorba la totalidad de la riqueza gravable.»

En resumidas palabras, aun existiendo un incremento de valor del terreno, puesto de manifiesto en el momento de la transmisión, si la cuota del impuesto es igual o superior a ese incremento, se entiende que el tributo tiene una finalidad meramente confiscatoria, y la Administración deberá devolver lo abonado por el contribuyente. Y ello porque el Alto Tribunal ha entendido que, si la cuota a pagar del impuesto resulta igual o superior a la ganancia del contribuyente por la transmisión, debe anularse la liquidación de la plusvalía por vulnerar el principio de capacidad económica.